Se reúne Colectivo Ley Sabina Yucatán con magistrada del Poder Judicial

MÉRIDA, Yuc., 15 de enero del 2026.– Integrantes del colectivo Ley Sabina Yucatán sostuvieron una reunión de trabajo con una magistrada del Poder Judicial del Estado, Erika Torres, en la que expusieron diversas problemáticas relacionadas con la atención institucional a mujeres en situación de violencia, así como con los procedimientos para la inscripción de deudores alimentarios morosos en el padrón estatal.

De acuerdo con Siloe Fuentes, integrante del colectivo, durante el encuentro se estableció el compromiso de dar seguimiento a los casos presentados y de mantener reuniones periódicas de trabajo. Como parte de estos acuerdos, se designó al licenciado Carlos Lanilla Mena, abogado del Tribunal Superior de Justicia, como enlace directo para la revisión de expedientes y documentación.

“Hubo un compromiso de que en lo subsecuente vamos a tener reuniones de trabajo y revisiones de los expedientes de las compañeras que asistimos; se nos dio un enlace directo para dar seguimiento a los documentos”, señaló Fuentes.

Durante la reunión, las integrantes de Ley Sabina Yucatán expusieron lo que calificaron como violencias institucionales que enfrentan al interactuar con el Poder Judicial, la Fiscalía y otras dependencias estatales. En ese contexto, manifestaron su desacuerdo con la postura de brindar un trato “igualitario” entre víctimas y agresores, al considerar indispensable un enfoque diferenciado.

“No podemos ser tratadas igual que los agresores; necesitamos un trato diferenciado, con perspectiva de género, de violencia y de niñez, porque no es lo mismo una persona agresora que una persona en situación de víctima”, afirmó la representante del colectivo.

Otro de los puntos centrales fue la falta de automatización en el proceso para incorporar a personas deudoras alimentarias al padrón estatal. El colectivo señaló que actualmente este procedimiento depende, en gran medida, de decisiones judiciales individuales, lo que ha generado retrasos de meses e incluso años.

Fuentes explicó que propusieron que la información que ya concentra el Fondo Auxiliar del Estado de Yucatán se utilice para generar listados automáticos de personas deudoras, conforme a la normativa vigente. Recordó que, con la entrada en vigor del Código Federal Civil en 2026, el plazo para considerar a una persona como deudora alimentaria se reduce a 60 días continuos o discontinuos.

“No tendría por qué estar condicionado al ánimo o criterio del juez; la información ya existe y podría automatizarse para que el registro sea ágil y no se sigan acumulando retrasos”, expuso.

Las integrantes del colectivo subrayaron que las propuestas planteadas no buscan beneficiar únicamente a quienes asistieron a la reunión, sino impulsar cambios estructurales que impacten a todas las mujeres, madres, niñas, niños y adolescentes del estado.

Finalmente, Siloe Fuentes indicó que, si bien el encuentro representó un primer acercamiento con la actual administración judicial, el colectivo se mantiene en expectativa respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos. Informó que acordaron una nueva reunión de seguimiento con el enlace designado en un plazo aproximado de 15 días, para evaluar avances y posibles acciones concretas.