Señalan colectivas retrocesos en políticas de atención a mujeres

MÉRIDA, Yuc., 24 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres —entre ellas la Dra. Gina Villagómez Valdés, la Dra. Ligia Vera Gamboa, la Mtra. Milagros Herrero Buchanan, la Mtra. Bertha Elena Munguía Gil, la Mtra. Nancy Walker Olvera, la Mtra. María Teresa Munguía Gil, la Mtra. Adelaida Salas Salazar y la Mtra. Leticia Murua Beltrán— hicieron un pronunciamiento público para advertir sobre lo que califican como “retrocesos sustanciales” en las políticas de prevención, atención y garantía de derechos para mujeres, niñas y adolescentes en Yucatán.

Las integrantes del colectivo señalaron que los recortes presupuestales y la reestructuración de programas han generado afectaciones directas en la operación de servicios esenciales, particularmente en atención a víctimas, derechos reproductivos y funcionamiento institucional.

De acuerdo con el Frente, reportes locales y estatales muestran disminuciones en las partidas destinadas a la Secretaría de las Mujeres y a programas de prevención, atención a víctimas, salud sexual, VIH y refugios, ya  que para este 2025 la Secretaría de las Mujeres recibió 8 millones de pesos menos, lo que representa una disminución del 5.76% en comparación con 2024. Explicaron que esto impacta en la disponibilidad de personal, insumos y acciones de acompañamiento.

" A nivel nacional se han fusionado presupuestos dirigidos a refugios, decisión que organizaciones consideran un retroceso debido a la incertidumbre sobre la continuidad y eficacia de estos espacios", indicó Nancy Walker.

Las voceras advirtieron que, aunque existen avances como la instalación de algunos Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, no se ha implementado de manera efectiva la Ruta NAME, destinada a la atención de niñas y adolescentes embarazadas.

 "La falta de coordinación institucional y las resistencias socioculturales están generando inacción y, en casos de violencia sexual, impunidad", apuntó Ligia Vera.

 Añadieron que la interrupción voluntaria del embarazo continúa siendo criminalizada, lo que deriva en negativas de procedimiento, falta de insumos y riesgo para la salud integral de las mujeres. Por ello, exhortaron al Congreso del Estado a armonizar la legislación local con los marcos nacionales que garantizan el acceso a una vida libre de violencias.

Por su parte, Milagros Herrero informó que el cambio de los Centros Violeta a “Centros Libres” eliminó la atención directa y dejó en desamparo expedientes que estaban en proceso. Explicaron que ahora los centros únicamente canalizan casos sin dar seguimiento, lo cual ha provocado que múltiples situaciones se den por concluidas sin una intervención completa.

Por su parte, Adelaida Salgas indicó que, pese a la obligación legal de contar con personal capacitado en perspectiva de género y atención a víctimas, esto no se está cumpliendo en diversas dependencias. 

"Esta falta de profesionalización limita la correcta implementación de políticas públicas", apuntó.

Respecto a los consejos vinculados a la prevención y atención de la violencia, el colectivo denunció que sus reuniones se han reducido a la presentación de actividades, sin análisis ni seguimiento. A esto se suma la falta de interés de autoridades clave, especialmente de la Secretaría de las Mujeres, indicaron.

Agregaron que tampoco existen indicadores claros que permitan evaluar políticas y programas, lo que impide una revisión efectiva.

Finalmente las voceras advirtieron que la combinación de recortes, falta de coordinación y debilitamiento institucional provoca: Menor atención psicológica, jurídica y médica; y mayor tiempo de espera, reducción de programas preventivos y menor detección de casos de riesgo. Y precarización de refugios y disminución de servicios especializados.

Los programas y acciones encaminados a lograr igualdad entre mujeres y hombres tendrán un recorte de 86.2 millones de pesos, lo que equivale a casi un 50% de disminución.

Ante este panorama, llamaron a las autoridades a fortalecer la política pública con presupuesto suficiente, acciones sostenidas, transparencia y cumplimiento efectivo de sus obligaciones.

“El tiempo es hoy: urge pasar del discurso a la acción. No más retrocesos”, concluyeron.