¿Y si sí se ponen la camiseta de la ciudadanía?

MÉRIDA, Yuc., 2 de julio de 2026.- Con playeras de la Selección Mexicana y utilizando un símil futbolístico, integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán acudieron al Palacio de Gobierno para entregar un escrito en el que señalaron los principales pendientes que, a su consideración, mantiene la administración estatal para garantizar una vida libre de violencia para mujeres, niñas y adolescentes.

Durante la protesta, Nancy Walker y Adelaida Salas afirmaron que el gobierno se encuentra "fuera de lugar" por la falta de escucha y diálogo con la ciudadanía, al tiempo que señalaron que se requiere una administración "más sensible y cercana" a las necesidades de las mujeres.

Las activistas también expresaron que la atención a la violencia de género debe fortalecerse "en la ofensiva y no en la defensiva", al advertir una disminución de la participación de organizaciones civiles en consejos y espacios de toma de decisiones. 

"No somos una amenaza, somos aliadas en favor de los derechos de las mujeres", enfatizaron.

Como parte de la protesta mostraron "tarjeta amarilla" por la falta de atención especializada en instituciones como las secretarías de las Mujeres, Salud y Educación, así como la Fiscalía General del Estado, al considerar que la desarticulación institucional afecta la atención de las víctimas.

Asimismo, sacaron "tarjeta roja" ante los rumores sobre un posible cierre del Hospital Materno Infantil, al señalar que representaría una pérdida para la atención de mujeres y personas gestantes. Indicaron que existe incertidumbre entre el personal, aunque recordaron que el titular de la Secretaría de Salud ha manifestado públicamente que el hospital continuará operando.

Otro de los temas abordados fue la implementación de la Ruta NAME, mecanismo de atención para niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años. Las integrantes del Frente señalaron que cuando este protocolo no se aplica de manera adecuada se incrementan riesgos como la falta de detección de violencia sexual, retrasos en la atención médica, revictimización, pérdida de acceso a la justicia, abandono escolar y deficiencias en la coordinación entre instituciones.

También calificaron como un "autogol permanente" la persistencia de embarazos en niñas y adolescentes en Yucatán. De acuerdo con datos del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), expusieron que el 8.6 % de las adolescentes de entre 12 y 19 años ha experimentado al menos un embarazo y que, entre quienes ya iniciaron su vida sexual, casi la mitad ha estado embarazada alguna vez. Señalaron que municipios como Halachó, Chemax, Progreso, Umán y Kanasín presentan mayores niveles de riesgo.

Ante este panorama, solicitaron el cumplimiento efectivo de la Ruta NAME, capacitación obligatoria para personal de salud, educación y procuración de justicia, seguimiento a embarazos en menores de 15 años, fortalecimiento presupuestal del GEPEA, publicación periódica de indicadores, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, atención integral a víctimas y una mayor coordinación entre dependencias estatales.

Las representantes del Frente también señalaron que, a su juicio, el gobierno se encuentra "en medio tiempo" sin una estrategia clara para articular el trabajo entre instituciones como Salud, Fiscalía, DIF, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Prodennay y los Centros de Justicia para las Mujeres.

En otro de los mensajes, llamaron a "revisar el VAR" para analizar qué ocurre antes de cada feminicidio, al recordar que, en la mayoría de los casos, existen antecedentes de violencia psicológica, física, sexual, amenazas, control y denuncias previas que no fueron atendidas oportunamente.

Finalmente, las integrantes del Frente demandaron cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, el combate a la impunidad con investigaciones con perspectiva de género, una mayor articulación entre instituciones y organizaciones civiles, así como el cumplimiento de los compromisos públicos en materia de prevención, atención y acceso a la justicia.

Como cierre de su pronunciamiento, sostuvieron que "los derechos de las mujeres no se negocian" y que la ciudadanía tiene derecho a exigir que los anuncios y programas gubernamentales se traduzcan en acciones verificables, indicadores y resultados medibles.