Patrimonio cultural maya: un debate que sigue pendiente

MÉRIDA, Yuc., 30 de septiembre de 2026.- El debate sobre el uso y protección del patrimonio cultural maya vuelve a quedar sobre la mesa. El pasado 24 de septiembre, el asunto relacionado con el litigio entre Grupo Xcaret y representantes del pueblo maya estaba previsto en la agenda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero finalmente no fue atendido, por lo que su discusión permanece pendiente.

El caso tomó especial relevancia en marzo de este año. El 26 de marzo, el Pleno de la SCJN resolvió un incidente de suspensión relacionado con el uso comercial de elementos del patrimonio cultural maya y revocó la suspensión definitiva que permitía a la empresa mantener esos elementos en su publicidad mientras continuaba el proceso.

Sin embargo, la discusión no terminó ahí. El proceso judicial ha continuado y el caso vuelve ahora a generar atención por la necesidad de avanzar hacia una definición que permita dar certeza a todas las partes involucradas.

En este punto aparece una discusión de fondo: la protección del patrimonio debe traducirse también en participación, certeza y beneficios para las comunidades que lo preservan.

El espíritu de las disposiciones que reconocen los derechos de los pueblos originarios no se limita a proteger sus expresiones culturales. También busca fortalecer su capacidad para preservar, decidir y participar en aquello que forma parte de su identidad.

Por ello, cuando los procesos se prolongan, también puede retrasarse la posibilidad de llevar esos principios a la práctica y generar condiciones para una prosperidad compartida, en la que las comunidades participen y puedan beneficiarse de las decisiones relacionadas con su patrimonio.

Gran Consejo Maya de Quintana Roo: pide ser escuchado nuevamente

En paralelo, el Gran Consejo Maya de Quintana Roo,organización que ha participado en el proceso desde sus primeras etapas y que cuenta, de acuerdo con la información publicada y con su propia carta abierta, con respaldo de autoridades tradicionales y representantes comunitarios.

El Consejo es la máxima institución de representación de los pueblos mayas de Quintana Roo, reconocimiento que atribuye a sus usos y costumbres y a la legislación estatal.

La organización difundió una “Carta abierta a medios de comunicación y sociedad mexicana”, en la que plantea una segunda dimensión del debate: la necesidad de que su voz sea escuchada directamente.

El Consejo sostiene que su participación no fue debidamente considerada en la resolución reciente y que tampoco se valoró el acuerdo que, afirma, celebró en ejercicio de su autonomía y representación.

En la misiva, el Gran Consejo Maya pide que, antes de una nueva decisión, se reconozca su representación, se consideren sus usos y costumbres y se tome en cuenta su capacidad para construir acuerdos.

“No decidan sobre nosotros sin nosotros”, resume el llamado del Consejo, que coloca nuevamente en el centro una pregunta de fondo: cómo garantizar que la protección del patrimonio cultural avance junto con la participación efectiva de las comunidades y con condiciones que permitan convertir los derechos reconocidos en beneficios reales.

Así, mientras el caso permanece pendiente de una nueva discusión en la SCJN, el debate trasciende el litigio particular y vuelve a plantear la necesidad de encontrar mecanismos que permitan proteger el patrimonio, reconocer la voz de sus comunidades y avanzar hacia una aplicación efectiva de los derechos de los pueblos originarios.