Advierten que aún hay riesgos sanitarios en Santa María Chi

MÉRIDA, Yuc., 6 de mayo de 2026.- Habitantes de la comisaría de Santa María Chi manifestaron preocupación por las condiciones ambientales en la zona tras el cierre de la Granja Porcícola Santa María. El comisario y defensor del territorio, Wilberth Náhuat, señaló que, aunque la empresa retiró a todos los animales, persisten posibles afectaciones.

“Sí, no hay ningún animal adentro ya lo verificamos también, las naves están abandonadas”, afirmó.

No obstante, advirtió que continúan los problemas asociados a residuos acumulados en las grandes pilas de la granja.

“Siguen habiendo pilas llenas de excremento y residuos, así que seguimos oliendo todo eso”, apuntó.

El representante comunitario indicó que han realizado monitoreos en la zona y detectado posibles alteraciones en fuentes de agua.

“Sacamos agua de un pozo cercano a la granja y está amarilla y apesta a cerdo”, señaló, al tiempo que cuestionó la falta de información sobre las acciones de remediación ambiental.

Asimismo, denunció la ausencia de comunicación por parte de las autoridades. “No hubo un acercamiento para decir qué plan de restauración se va a aplicar”, expresó. En ese sentido, subrayó la preocupación de la comunidad por quedar fuera de las decisiones que se vayan a tomar con respecto al destino de esa zona.

“No se me hace justo que nos hagan a un lado”, señaló.

Ante este panorama, adelantó que buscarán mecanismos legales para participar en el seguimiento del caso. “Queremos saber qué van a hacer con el territorio… no queremos que se quede abandonado sin inspección ambiental”, dijo.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que verificó el retiro total de 41 mil 570 ejemplares porcinos de la Granja Porcícola Santa María, operada por Pecuaria Peninsular, en cumplimiento de la clausura total definitiva impuesta en septiembre de 2025.

De acuerdo con la dependencia, durante una visita realizada el 29 de abril se constató que la empresa concluyó el programa de cierre de operaciones, el cual se desarrolló entre septiembre de 2025 y abril de 2026.

La clausura fue determinada el 4 de septiembre de 2025 debido al incumplimiento reiterado de medidas ambientales, entre ellas la descarga de aguas residuales sin autorización y omisiones en el manejo de lodos. Como parte de la sanción, se impuso una multa de 18 millones 668 mil 100 pesos.

El caso tiene origen en denuncias presentadas desde 2021 por organizaciones civiles y comunidades mayas, quienes señalaron impactos ambientales y afectaciones a su calidad de vida.

La Profepa precisó que el proceso aún continúa. En los próximos 10 días hábiles, la empresa deberá presentar su Estudio de Daño Ambiental final; posteriormente, deberá entregar un calendario de acciones correctivas y de compensación, cuyo cumplimiento será supervisado por la autoridad.

Mientras tanto, la comunidad mantiene su exigencia de transparencia y atención integral a los daños ambientales en la zona.