Congreso cumple sentencia y avanza en derechos reproductivos: Amelia Ojeda Sosa

MÉRIDA, Yuc., 23 de junio de 2026- Tras más de tres años de litigio y diversos requerimientos judiciales, el Congreso del Estado aprobó la modificación al artículo primero de la Constitución de Yucatán, eliminando la cláusula que establecía la protección absoluta de la vida desde el momento de la fecundación, una disposición que organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos consideraban incompatible con el acceso al aborto legal.

Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de UNASSE, explicó que la reforma deriva de una sentencia emitida a partir de un amparo promovido en 2021 por Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, con acompañamiento legal de Abortistas MX y UNASSE.

La resolución judicial ordenaba al Congreso local modificar el texto constitucional para eliminar la protección absoluta otorgada al embrión o feto y armonizar la legislación estatal con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos reproductivos.

“Era una obligación pendiente desde 2024. Ya se había avanzado con la despenalización parcial del aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero seguía existiendo esta disposición constitucional que enviaba un mensaje de criminalización hacia las mujeres y las personas profesionales de la salud que las acompañan”, señaló.

La coordinadora jurídica explicó que, ante los retrasos, la jueza federal encargada de supervisar el cumplimiento de la sentencia determinó imponer multas por más de 26 mil pesos a cada diputado y diputada integrante del Congreso, así como al director jurídico del Poder Legislativo. En conjunto, las sanciones ascendían a cerca de un millón de pesos.

“Después de diversos requerimientos judiciales y ante la posibilidad de las multas, finalmente se aprobó el dictamen en los términos ordenados por la Corte”, indicó.

La nueva redacción establece que en Yucatán se protegerá la vida de todas las personas, eliminando las referencias a la protección desde la fecundación. Además, incorpora un párrafo que señala la obligación del Estado de promover condiciones para el desarrollo integral de las personas conforme a la Constitución federal, la legislación local y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Aunque la aprobación representa un avance legal, Ojeda Sosa señaló que el principal reto será garantizar que el derecho reconocido en las leyes se traduzca en servicios accesibles y oportunos para las mujeres y personas gestantes.

Explicó que tanto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han anunciado la prestación de servicios de aborto seguro para sus derechohabientes. Sin embargo, organizaciones civiles continúan documentando casos de personas que enfrentan obstáculos, retrasos o atención inadecuada al solicitar el procedimiento.

“Se necesita capacitación y sensibilización del personal de salud. No basta con anunciar que existe el servicio si en la práctica las usuarias reciben negativas o enfrentan barreras para acceder a él”, afirmó.

Añadió que actualmente los Servicios de Salud de Yucatán ofrecen atención para aborto seguro principalmente en Mérida, a través del Hospital Agustín O'Horán, por lo que consideró necesario ampliar la cobertura a hospitales y centros de salud de otros municipios.

Asimismo, destacó la importancia de difundir información clara para que las mujeres conozcan sus derechos y puedan acceder a los servicios dentro de los plazos establecidos por la ley.

Recordó que, además del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, la legislación contempla causales específicas en las que el procedimiento puede realizarse sin límite de tiempo, por lo que las instituciones de salud están obligadas a brindar atención en esos casos.

Finalmente, Ojeda Sosa señaló que la aprobación de la reforma representa el cierre de un proceso iniciado hace más de una década, cuando en 2009 se incorporó a la Constitución local la cláusula de protección absoluta de la vida desde la fecundación.

“Han pasado 17 años desde aquella reforma. Durante todo este tiempo organizaciones y defensoras hemos trabajado para eliminar los obstáculos al acceso de los derechos reproductivos. La aprobación de esta modificación representa un paso importante, pero ahora corresponde vigilar que estos derechos puedan ejercerse plenamente en la práctica”, concluyó