Dictan no ejercicio de acción penal contra comisario de Santa María Chi

MÉRIDA, Yuc., 18 de junio de 2026.- Tras cerca de seis horas de audiencia la jueza encargada del caso confirmó el no ejercicio de la acción penal contra Wilberth Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi, poniendo fin al proceso legal que enfrentaba en el contexto del conflicto relacionado con la operación de una granja porcícola en la comunidad.

La resolución fue dada a conocer la tarde del día de ayer tras una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida. Con esta determinación, las autoridades concluyeron que no existen elementos suficientes para proceder penalmente contra el representante comunitario.

Nahuat Puc expresó su satisfacción por el resultado del proceso y señaló que el objetivo de la comunidad era obtener justicia ante una situación que consideraban afectaba su entorno.

“Lo único que buscamos es estar tranquilos en nuestra comunidad. Ya los cerdos se retiraron y lo que estábamos buscando era justicia penal; es lo que estábamos buscando con la comunidad y ya lo logramos. Estoy muy contento con el apoyo de toda la gente”, manifestó.

El comisario indico que ahora lo único que le quedaría a la empresa sería apelar la decisión de la jueza, acción que espera no realicen ya que no queda más que argumentar en su contra.

"El movimiento fue una protesta pacífica de la comunidad y no solo de un servidor, siempre fue libre protesta por el bien común de toda la comisaría", apuntó.

Añadió que espera que esto sea un parteaguas que acabe con toda la criminalización a las luchas y protestas pacíficas de las comunidades mayas.

El caso cobró relevancia entre organizaciones civiles, defensores ambientales y habitantes de la comunidad maya, quienes consideraban que la denuncia presentada contra el comisario podía interpretarse como un intento de criminalizar la defensa del territorio y de los recursos naturales.

Hay que recordar que la resolución ocurre en un contexto nacional donde diversas comunidades indígenas mantienen debates sobre los posibles impactos ambientales de proyectos productivos y sobre el derecho de los pueblos originarios a participar en las decisiones que afectan su territorio.

Aunque el proceso penal contra el comisario ha concluido, las discusiones en torno a la granja porcícola y las preocupaciones manifestadas por habitantes de Santa María Chi continúan siendo motivo de diálogo entre autoridades, empresas y comunidad.