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MÉRIDA, Yuc., 25 de septiembre de 2025.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán expresó su postura respecto a la posibilidad de que el sector privado aporte recursos adicionales para el financiamiento del transporte público en el estado.
La presidenta del organismo, Claudia González, señaló que la propuesta, difundida recientemente en medios de comunicación, tomó por sorpresa al empresariado local, pues hasta el momento no se les ha presentado de manera oficial.
“Necesitamos contar con información transparente y completa. La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) funciona con recursos públicos, por lo que antes de emitir cualquier diagnóstico requerimos datos claros, incluyendo el informe de trazabilidad de rutas que fue anunciado hace meses y que aún no se ha entregado”, indicó.
González advirtió que un eventual pago obligatorio por parte de las empresas equivaldría a un nuevo impuesto, lo cual, aseguró, no es viable en las condiciones actuales.
“El sector empresarial ya enfrenta retos financieros importantes derivados de factores macroeconómicos, del bajo consumo reportado por el INEGI y de reformas normativas recientes. Sumado a esto, Yucatán se encuentra entre los estados con mayor carga impositiva a nivel nacional, con seis impuestos estatales vigentes”, explicó.
La dirigente puntualizó que imponer un bono obligatorio podría poner en riesgo la estabilidad de micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la mayoría del sector productivo en la entidad, y derivar en recortes de personal.
Respecto a los siguientes pasos, González informó que el CCE ya solicitó reuniones con concesionarios y con la ATY para analizar el tema de manera directa y con información oficial.
“Lo que hemos tenido hasta ahora son declaraciones mediáticas. Una vez que contemos con los datos y con propuestas formales, podremos fijar una postura más detallada”, concluyó.




